Para la gobernadora de la provincia de Buenos
Aires la oposición es mezquina. Para la dirigente de la Coalición Cívica Elisa
Carrió, cofundadora de la alianza cambiemos fueron los actores K los que
quisieron matar la Patria. Ambas desconocen la ley de control de tarifas vetada
por la presidencia y consideran que el bloque opositor solo busca debilitar al
presidente. El propio Mauricio Macri
mencionó en su explicación acerca del veto de la ley que la oposición tenía
mayoría en el Congreso, como si eso fuese anticonstitucional o antidemocrático.
Siempre está en juego la mirada sobre la particularidad
de la Democracia que se construye y reconstruye diariamente. En democracia se
escucha decir que un gobierno es autoritario, se llega al límite de asegurar
que es una dictadura y esto en boca de comunicadores que son formadores de
opinión y que, en algunos casos, pueden llegar a incidir en el resultado de una
elección. Por otro lado, están aquellos
que reproducen un odio visceral en contra del gobierno (sea del color que
fuere) que no atiende los intereses que
ellos consideran prioritarios (muchas veces intereses económicos que los tienen
de protagonistas).
¿Cuánto hay que hacer desde los medios para que
la justicia castigue de manera ejemplar a la corrupción Kirchnerista y cuando
el peronismo vuelva al poder, cuánto habrá que operar para que los dirigentes
PRO afronten los carpetazos de la justicia? Dejó de ser la independencia de
poderes uno de los bastiones de la Democracia. Existe una justicia mediática
que juzga y castiga de manera exprés, según el ánimo y los intereses del grupo
de medios al cual le convenga subir o bajar a algún dirigente.
Nos hemos acostumbrado a aceptar las
acusaciones, muchas veces gratuitas e infundadas de señoras que solo poseen la
legitimidad política que les otorga la pantalla. Personajes que se han erigido por propia decisión,
sin mérito alguno más que su propia voluntad en defensores de la República. Una
República que solo ellos saben cómo ha de ser, que solo ellos están en
condiciones morales de representar.
La pregunta que deberíamos hacernos, que tenemos
la obligación de responder es quién decide la calidad democrática de nuestras
instituciones. Legisladores acusados de
corrupción y juzgados ya por los medios y sus adversarios políticos, siguen en
el parlamento o son encarcelados a partir de una medida judicial de fundamento
por lo menos frágil. Por otro lado,
cantidad de funcionarios oficialistas con comprobadas cuentas off shore que
evaden impuestos, compran dólar futuro, realizan operaciones financieras de
dudosa legalidad. Hasta el propio
presidente asume su mandato estando procesado.
Un cambalache.
Los dirigentes políticos, sindicales y de todas
las instituciones relacionadas con las actividades del Estado se han ocupado de
construir un discurso democrático a medida de sus más espurios intereses. Pero el problema es mucho mayor. La sociedad
misma, salvo aquella que milita la democracia como una cuestión ideológica, ha
perdido el interés por la práctica democrática.
A muchos hasta les pesa acercarse a las escuelas a emitir el voto. Será que están desencantados o el discurso
anti política los ha alcanzado y ha hecho mella en ellos. Tras la frase “a mí la política no me
interesa” se esconde un constructo que lleva años macerándose en el caldero de quienes deciden
por encima de los intereses del pueblo.
Seguramente debemos generar los espacios para
que la democracia pueda ser una práctica cotidiana, apropiarse de ella. En las escuelas,
en los barrios, entre la juventud, en la familia, en las asociaciones no
gubernamentales. Solo así, en algún
momento de la historia de nuestra Patria seremos los argentinos quienes nos
transformemos en jueces de las acciones de aquellos que democráticamente elijamos
para que nos representen.
MMT
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